La acción de amparo es una garantía constitucional que funciona como un botón de emergencia ante el juez. Es la herramienta que la misma Constitución crea para pedir protección urgente cuando un hecho u omisión vulnera o amenaza un derecho reconocido en la Constitución. Está reconocida en el artículo 200, inciso 2, de la Constitución Política del Perú y se tramita en el Poder Judicial según el Código Procesal Constitucional. Como un árbitro de fútbol que pita la falta al momento, el juez detiene el abuso y repone las cosas como estaban.

Protege todos los derechos de la Constitución, excepto dos que tienen su propia defensa, por eso es residual. No cubre la libertad física y el movimiento, que protege el habeas corpus, ni los datos personales y la información, que protege el habeas data. Con el amparo defiendes derechos como la igualdad sin discriminación, la educación y permanencia en la escuela, el trabajo y la salud frente a abusos, la libertad de expresión sin censura y el debido proceso a ser escuchado antes de un castigo.

Procede contra cualquier autoridad, funcionario, empresa o persona que comete la vulneración o amenaza con un acto concreto. Es urgente, sencilla y restitutoria, es decir, busca devolver las cosas al estado anterior al abuso. Debe presentarse dentro de los 60 días hábiles desde que ocurre la vulneración, pero si se trata de una amenaza que sigue activa, el plazo no se vence mientras continúe.

No procede para cuestionar leyes ni para anular una resolución judicial dictada en un proceso normal y con defensa, pues para eso existen otros caminos. Cuando es fundado, el juez anula el acto abusivo y ordena que se respete y reponga el derecho. Así ocurrió con Lucía, de 16 años, expulsada definitivamente por teñirse el cabello sin ser escuchada ni avisar a sus padres: el amparo dejó sin efecto la expulsión y ordenó su reposición a clases, pues su fin no es castigar, sino recuperar la educación y el debido proceso.