El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y actúa como el árbitro del país. No crea leyes ni gobierna, solo las aplica para administrar justicia. Eso significa escuchar a las dos partes de un conflicto, revisar las pruebas según lo que dice la ley y decidir quién tiene la razón con una sentencia. Como en el fútbol, sin árbitro imparcial ganaría el más fuerte; con árbitro justo gana quien cumple las reglas.

Sus funciones son tres: resolver conflictos entre personas, como una disputa por una casa; sancionar delitos como robos o estafas cuando hay pruebas; y controlar que nadie abuse del poder, por ejemplo liberando a alguien detenido sin motivo. Para lograrlo necesita tres elementos: Ley + Pruebas + Juez imparcial. Para entender su trabajo hay tres conceptos clave: jurisdicción, que es el permiso legal para decidir; competencia, que es la especialidad de cada juez; y sentencia, que es la decisión final que se debe cumplir.

Para que el árbitro no haga trampa existen dos principios: la independencia judicial, que impide que presidentes, congresistas o empresarios le dicten el fallo, y la imparcialidad, que le exige no ser amigo ni enemigo de las partes. Si se rompen, ya no hay justicia sino abuso.

Se organiza en instancias, que son oportunidades para corregir errores. En primera instancia el juzgado ve el caso por primera vez; en segunda instancia la Corte Superior revisa si hay apelación; y en última instancia la Corte Suprema decide los casos más graves de forma final y orienta a los demás jueces. Un ejemplo claro es el robo de la moto de Pedro: denuncia, investigación del fiscal, juicio con juez penal, apelación y sentencia firme que se cumple. Así se garantiza que toda persona tenga juez, pruebas y derecho a apelar.