Una Convención de Derechos Humanos es un acuerdo escrito y obligatorio que firman varios países para proteger a las personas. No es una opinión ni una recomendación: es sinónimo de tratado o pacto. Cuando un país firma y ratifica, se convierte en Estado Parte y acepta dos cosas: no violar esos derechos y crear leyes y jueces que los protejan.

En América, la principal es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica. Fue firmada en 1969 y empezó a obligar en 1978, tiene 82 artículos y el Perú es Estado Parte, por eso protege directamente. Es una norma concreta para nuestro continente, como las reglas del juego firmadas por todos antes del partido.

Protege sobre todo los derechos civiles y políticos frente al abuso del poder: la vida y la integridad sin tortura, la libertad personal sin detención arbitraria, las garantías judiciales con presunción de inocencia, y la participación con libertad de pensamiento, expresión y voto. El Estado tiene dos obligaciones: respetar, no violando por sí mismo, y garantizar, organizando todo para que el derecho sea real. Si falla en una de las dos, comete una violación internacional.

Su cumplimiento no queda en el papel. La Comisión Interamericana recibe denuncias e investiga como árbitro, y la Corte Interamericana juzga a los Estados y ordena reparaciones como tribunal final. Solo se llega a ellas después de intentar la justicia del propio país. Así, una detención de 10 días sin informar el motivo y sin juez viola el artículo 7 y puede terminar con liberación, indemnización y obligación de cambiar la práctica.