La Acción de Cumplimiento es una garantía constitucional que funciona como un botón para exigir que se cumpla la ley. Si una autoridad se niega a hacer lo que la ley ya le ordena, cualquier persona puede pedirle al juez que la obligue a hacerlo. No crea un derecho nuevo, solo exige que se ejecute lo que ya está escrito de forma clara y vigente.

Para usarla se necesitan tres condiciones a la vez: que exista una norma legal o un acto administrativo vigente, claro y sin dudas; que esa norma ordene a la autoridad hacer algo concreto a tu favor; y que la autoridad esté en rebeldía, es decir, que ya le reclamaste y sigue sin cumplir. Se dirige contra cualquier autoridad o funcionario renuente, como un ministro, un alcalde, un director regional o la oficina de pensiones.

El trámite es obligatorio y ordenado: primero se envía una carta notarial exigiendo el cumplimiento, luego se esperan 10 días para dar una última oportunidad, después se presenta la demanda ante un juez civil del Poder Judicial y finalmente el juez ordena cumplir en un plazo corto bajo sanción e incluso destitución. No procede si quieres crear un derecho nuevo, si la orden es genérica o confusa, si ya fue cumplida o si depende del criterio de la autoridad.