El Ministerio Público, también llamado Fiscalía, es la institución pública que defiende la ley y a las personas frente al delito. Está formado por fiscales, que son los abogados del Estado que investigan y acusan. No defienden a un cliente, defienden a la sociedad. Es autónomo: no obedece al Presidente, ni al Congreso, ni al Poder Judicial, solo obedece a la Constitución y a la ley. No es juez, por eso no condena ni sentencia.

Sus 4 tareas clave son defender la legalidad, defender a las personas y el interés público, investigar el delito y ejercer la acción penal ante el juez. Defiende sobre todo a menores y personas vulnerables. Para investigar busca qué pasó, quién lo hizo y con qué pruebas, ordenando pericias, pidiendo cámaras y tomando declaraciones. Está organizado por niveles: fiscales provinciales en la base, fiscales superiores en el nivel medio, y fiscales supremos y Fiscal de la Nación en la cima, con el apoyo técnico de Medicina Legal.

Todo proceso empieza con una denuncia, que es el aviso formal que puede hacer cualquier persona. Luego el fiscal provincial investiga, y solo si hay pruebas suficientes formaliza y acusa para pedir juicio. En el juicio, el juez escucha al fiscal y al abogado defensor y decide. Si no hay pruebas, el fiscal debe archivar el caso. Así se separan las funciones: uno acusa y otro decide, lo que hace el proceso más justo.