El Estado interviene en la economía porque los mercados funcionan bien en muchas cosas, pero no en todas. Sus objetivos principales son corregir las fallas del mercado, repartir mejor la riqueza y evitar crisis fuertes. La pregunta clave no es solo si debe intervenir, sino cuánto y cómo hacerlo.

Una buena analogía es la de un partido de fútbol. Las familias y las empresas son los jugadores y el Estado es el árbitro: pone y hace cumplir las reglas, sanciona las faltas y protege a los jugadores. Sin árbitro hay caos, pero un árbitro que pita cada segundo no deja jugar. A veces el Estado también entra a la cancha como jugador, por ejemplo a través de empresas públicas.

Existen distintas visiones sobre cuánto debe intervenir. El liberalismo clásico de Adam Smith propone un Estado mínimo y confía en la 'mano invisible' del mercado. El intervencionismo keynesiano defiende un Estado activo, sobre todo en las crisis, para sostener la demanda y el empleo. La economía planificada da al Estado el control total de la producción. La economía mixta, propia de casi todos los países actuales, deja que el mercado asigne la mayoría de los recursos mientras el Estado corrige y complementa, muchas veces bajo el principio de subsidiariedad: el Estado solo hace actividad empresarial donde el sector privado no llega o no quiere llegar.

Siguiendo a Richard Musgrave, las funciones del Estado son tres: asignación, distribución y estabilización. A ellas se suele añadir una cuarta, la regulación. La asignación busca eficiencia corrigiendo fallas de mercado: bienes públicos (no rivales y no excluyentes, afectados por el problema del polizón), externalidades positivas y negativas, monopolios e información asimétrica. La distribución busca equidad mediante impuestos progresivos, transferencias y servicios públicos. La estabilización suaviza los ciclos económicos con política fiscal expansiva en las recesiones y contractiva cuando hay auge con inflación alta. La regulación define las reglas de juego: propiedad, contratos, protección del consumidor y del ambiente, y supervisión bancaria.

Para cumplir estas funciones, el Estado usa el gasto público, los tributos, la regulación, los subsidios y las empresas públicas. Un ejemplo claro es el impuesto pigouviano. En un mercado de cemento con demanda P = 100 − Q y oferta privada P = 20 + Q, el mercado produce 40 toneladas a 60 soles. Pero cada tonelada genera un costo externo de 10 soles, así que el costo social es P = 30 + Q. Con ese costo, lo eficiente sería producir 35 toneladas a 65 soles. Un impuesto de 10 soles por unidad corrige esa sobreproducción de 5 toneladas y además recauda 350 soles.

Finalmente, el Estado también puede fallar. Las fallas de gobierno incluyen la corrupción, la burocracia excesiva, las decisiones con fines políticos y la falta de información. Por eso la intervención ideal es justificada, medida y transparente: un buen árbitro no juega el partido por los equipos.