Las reformas económicas borbónicas fueron el conjunto de cambios en la política fiscal y comercial del Perú virreinal impulsados por la dinastía de los Borbones, que llegó al trono de España en 1700. Su objetivo central fue aumentar los ingresos de la Corona para financiar sus guerras y su Estado: por eso se cobraron más impuestos, se crearon monopolios estatales, se abrió el comercio a más puertos y se reorganizó la administración virreinal. Antes de estas reformas, la economía del virreinato dependía casi solo de la plata de Potosí y de un comercio controlado por unos pocos mercaderes de Lima, con poca supervisión y escasa recaudación real.

En materia de impuestos, se aumentó el tributo indígena (un pago anual por cada indígena adulto o tributario) y se aplicaron la alcabala (un porcentaje sobre cada compra-venta, normalmente del 4%), el papel sellado (uso obligatorio de papel estatal para documentos y contratos), la media anata (pago de los funcionarios al asumir sus cargos) y los derechos de aduana (cobro sobre mercancías que entraban o salían por los puertos). Junto a esto, la Corona creó estancos, es decir, monopolios estatales que reservaban al gobierno la producción y venta de productos rentables como el tabaco, el aguardiente, la sal, los naipes, la pólvora y la quina, quedándose con sus ganancias.

En el terreno comercial, los navíos de registro y sobre todo el comercio libre de 1778 abrieron numerosos puertos españoles y americanos, como Buenos Aires, Valparaíso y Guayaquil, rompiendo el monopolio que ejercían Cádiz y Lima. Esto dinamizó el intercambio y aumentó la recaudación aduanera, pero también hundió a los comerciantes limeños privilegiados y estimuló el contrabando. Para ordenar la administración y la cobranza, las Ordenanzas de Intendentes (1782-1784) dividieron el virreinato en intendencias, cada una con un intendente que recaudaba impuestos, vigilaba el gasto y promovía la producción. Para sostener más impuestos, se impulsó la minería de plata de Potosí y Cerro de Pasco manteniendo la mita minera, mejorando el abastecimiento de azogue y apoyando los obrajes y la agricultura comercial. El costo social fue enorme: mayor presión sobre indígenas y mestizos, más trabajo forzado y descontento general, que desembocó en rebeliones como la de Túpac Amaru II (1780-1781).