Reformas políticas borbónicas
Las reformas políticas borbónicas son el conjunto de cambios administrativos impulsados por los reyes de la Casa de Borbón —dinastía que gobernó España desde 1700, iniciando con Felipe V— para recuperar el control directo de la Corona sobre sus colonias americanas. Dentro de las reformas borbónicas (que también incluyen medidas económicas y militares), las políticas se centran en una sola pregunta: quién manda, cómo se organiza el territorio y cómo se vigila a los funcionarios. Su lógica fue la centralización: reunir el poder en el rey y sus enviados de confianza, reduciendo la autonomía de las autoridades locales.
El punto de partida fue el tamaño excesivo del Virreinato del Perú, que abarcaba desde Panamá hasta Chile y el Río de la Plata, lo que hacía imposible un gobierno eficaz. A ello se sumaban la corrupción y los abusos de los corregidores contra la población indígena, y las presiones de las guerras con Inglaterra, que exigían más recursos y mejor defensa. Frente a estos problemas, los Borbones aplicaron una estrategia sencilla: partir el territorio, nombrar funcionarios propios, vigilar y exigir rendición de cuentas.
En materia territorial, se creó el Virreinato de la Nueva Granada (1717, definitivo en 1739), que separó a Bogotá, Quito y Caracas del Perú, y el Virreinato del Río de la Plata (1776), que desmembró Buenos Aires, Paraguay y el Alto Perú para controlar el contrabando atlántico y repeler ataques ingleses. El Perú quedó así notablemente reducido y perdió la riqueza minera de Potosí, lo que obligó a replantear su administración interna.
La gran innovación interna fue la Ordenanza de Intendentes (1782-1784), que dividió el Perú en ocho intendencias —Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Huamanga, Tarma, Huancavelica y Puno— dirigidas por intendentes nombrados por el rey con poderes de justicia, hacienda, guerra y policía. Con ello se suprimió el cargo de corregidor. En 1787 se creó además la Audiencia del Cusco para administrar justicia más cerca de la población andina. Paralelamente, los cargos más altos pasaron a manos de peninsulares (españoles nacidos en España), en desmedro de los criollos, y se instauraron visitas y juicios de residencia para auditar el desempeño de los funcionarios, reforzando la burocracia.
Las consecuencias fueron ambivalentes: el gobierno virreinal se volvió más ordenado, pero también más rígido y costoso; los criollos se sintieron marginados al perder acceso a los puestos importantes; y el descontento social se agudizó por impuestos y abusos, estallando en la rebelión de Túpac Amaru II (1780-1781). Paradójicamente, la marginación criolla y el malestar general sembraron una conciencia de identidad americana que terminaría alimentando los movimientos de independencia.